Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja | 1 marzo 2024.

La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018: 10 años de retroceso en España

    La Federación de Enseñanza de CCOO presenta el informe "La evolución de la inversión educativa entre 2009 y 2018", en el que queda patente que, a lo largo de la década estudiada, se produjo un retroceso en España que no se limitó a la simple degradación de condiciones escolares, sino que tuvo repercusiones inmediatas en la calidad de la cualificación y el nivel de competencias de nuestra ciudadanía y, por tanto, en la especialización del empleo, en sus niveles de precariedad y en la pérdida de aspiraciones del conjunto de la sociedad.

    23/02/2022.
    Juan Martínez, autor del estudio, y Francisco García, secretario general de FECCOO, en la presentación del informe.

    Juan Martínez, autor del estudio, y Francisco García, secretario general de FECCOO, en la presentación del informe.

    Entre los resultados más relevantes, se encuentran los siguientes:

    - La inversión educativa en España fue de 50.660 millones de euros en 2018, 3.235 millones menos que en 2009, lo que supone un recorte global del 6% mientras el alumnado crecía un 11,1%.

    - Para valorar esos datos, hay que tener en cuenta que el IPC subió un 14,1% en el decenio y el PIB español lo hizo en un 12,6% (pese a la caída inicial del 4,6% entre 2009 y 2013), lo que significa un incremento de 184.000 millones de euros de riqueza nacional entre 2013 y 2018. Así, España se levantaba después de la gran crisis económica, pero la Educación no lo hacía.

    - En consecuencia, los dos indicadores educativos internacionales más importantes mostraban enormes retrocesos. El porcentaje de PIB destinado a Educación pasaba del 5,04% en 2009 al 4,21% en 2018, un 16,5% menor, que retrotraía la inversión hasta la menor cifra que recogen las estadísticas oficiales, incluso inferior a la existente en 1990 cuando la LOGSE extendió la escolarización obligatoria hasta los 16 años y pese a la declaración posterior, por la LOE, de la gratuidad del ciclo 3-6 de Educación Infantil. En cuanto al peso del gasto público educativo en el conjunto del gasto público general, en 2009 era el 11,14%, para caer al 10,10% del total estatal en 2018: un recorte del 9,3%, que constituye la mejor indicación de la pérdida de importancia de la Educación entre las prioridades de España durante el decenio estudiado.

    - Especialmente significativos fueron los recortes de la mayoría de los programas que garantizan la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral y familiar: educación compensatoria, los servicios complementarios, las actividades extraescolares, etc., que llegaron al 70%, si bien hay que destacar el incremento de casi el 18% para becas y ayudas al estudio.

    - Especial gravedad tiene el recorte del 51,4% de los fondos para Formación Ocupacional, imprescindibles para dar nuevas oportunidades de empleo a quienes lo perdieron por la crisis.

    - Las inversiones para equipamiento y creación de centros disminuyeron un 51,1%, mientras que la destinada a formación y perfeccionamiento del profesorado en plena implantación de la LOMCE lo hizo en un 45,2%.

    - En las enseñanzas no universitarias el recorte global entre 2009 y 2018 fue del 9,9%, con caídas en todos los niveles y programas de gasto, salvo la Educación Especial. El recorte global afectó esencialmente a la enseñanza pública. El promedio oculta un comportamiento muy diverso de las comunidades autónomas. Algunas invirtieron más que en 2009.

    - En la enseñanza concertada, cuya financiación viene definida por la LOE, no hubo recortes en ninguna autonomía, con un incremento de la mayoría en torno al 3%, pero en Cantabria, Madrid, Murcia y la Rioja, las subidas, que suponían el 55,5% del total estatal, oscilaban entre el 17,1% y el 29,1%, fuera de toda lógica que no sea la mera intencionalidad política.

    - En las enseñanzas universitarias, la inversión bajó globalmente un 9,5%, pero el recorte llegó al 12,6% considerando solo la inversión pública, porque la financiación privada creció un 10,1% (concentrado entre el Ministerio, Madrid y Cataluña), y solo dos CC. AA. superaron en 2018 el gasto de 2009.

    - La evolución de la inversión por estudiante pone de manifiesto la verdadera dimensión de los recortes producidos entre 2009 y 2018 y las diferencias entre comunidades autónomas. La inversión directa para docencia y funcionamiento de las enseñanzas de régimen general en centros públicos del País Vasco (6.901 euros) duplicaba la de Madrid (3.319 euros), pese a la similitud de su nivel de renta. Aunque su alumnado creció un 10,1%, en 2018 fue de 601 euros por estudiante inferior a la inversión de 2009, un recorte que se produjo en todas las CC. AA., salvo Extremadura. Se alcanzaron recortes medios del 16,7% en Educación Infantil y Primaria y del 15,3% en las Enseñanzas Secundarias.

    - Diversos factores, entre ellos la mayor ratio de alumnado/unidad, hacen menor el coste en la concertada. El recorte medio entre ambos años fue muy inferior, de apenas 24 euros con un 8% más de alumnado, pero con incrementos muy altos en algunos territorios. La diferencia entre la autonomía con mayor inversión, el País Vasco, y la más baja, Canarias, es bastante menor.

    - En las universidades públicas se repiten las enormes distancias territoriales, y en 2018 alcanzó un 84,3% entre los 9.708 euros de inversión directa del País Vasco y los 5.267 de Madrid. En 2018 la media por estudiante fue 1.274 euros inferior a la de 2009(-16,1%) y, aunque en cinco CC. AA. se incrementó entre ambos años, Cataluña y Madrid lastraron el promedio global.

    - Las transferencias de capital a los ayuntamientos con fines educativos fueron 367 millones de euros menores que en 2009, lo que supone que estos invirtieron, en 2018, 285 millones más que entonces con fondos propios, que han sido fundamentales en aspectos relacionados con la igualdad y la conciliación, para compensar la desatención de las administraciones educativas, pese a no tener la obligación legal de hacerlo. Las diferencias territoriales son enormes y se precisa una reflexión detallada sobre esta financiación de las corporaciones locales.

    - En términos de paridad de poder adquisitivo, la inversión neta por estudiante creció entre 2009 y 2018 una media del 13,4% para el conjunto de la OCDE y del 17% para la Unión Europea, mientras que en España se produjo un recorte del 2,4%. En 2009, la inversión española era superior al promedio de la OCDE y de la UE, y en 2018 pasó a ser claramente inferior a ambas, lo que supone uno de los datos más fehacientes del retroceso educativo en España.

    - La evolución del peso del gasto público educativo en el conjunto del gasto público total ha sido muy negativa en todos los países de la OCDE y la UE entre 2018 y 2009, siendo en España similar a la media, pero el 8% asignado por la OCDE es una de las cifras más bajas de todos los países representados. Algo similar ha ocurrido con la evolución del PIB destinado a Educación.

    - En 2018, la proporción de gasto público en España (86%) pasó a ser la más baja de la OCDE (92%) y la UE (90%) en los niveles no universitarios, cuando en 2009, con un 92,8%, era similar. En los universitarios ocurre algo similar, el 65% de gasto público de 2018 fue muy inferior al de la UE (75%) e incluso de la OCDE (66%), cuando en 2009, con un 79,1%, era parecida a la de la UE y mucho mayor que la media de la OCDE. Lógicamente, con la proporción de gasto privado ocurría lo contrario y en España el gasto educativo privado es de los que más ha crecido, en todos los niveles educativos, de entre todos los países representados.

    Las enormes diferencias de inversión entre comunidades autónomas guardan un amplio paralelismo con las que muestran las evaluaciones educativas de diagnóstico, pese al marco legal común. Por eso, desde FECCOO seguiremos reclamando, como hacemos desde hace más de 40 años, una Ley de Financiación de nuestro sistema educativo que comprometa un marco común de objetivos y una compensación de las desigualdades de origen que nunca se ha producido, a la vez que exigimos el cumplimiento del artículo 155 de la LOE, en cuanto al compromiso de alcanzar el promedio de inversión de la Unión Europea.